Tegucigalpa, 12 de febrero de 2025 – La reciente calificación del Congreso Nacional de Honduras en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha desatado una enérgica respuesta por parte del presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien cuestionó la metodología utilizada y la imparcialidad de los organismos involucrados en la elaboración de estos reportes.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Redondo denunció que la información recopilada para estos índices no proviene de organismos internacionales con presencia técnica en Honduras, sino de fuentes locales cuyos intereses políticos y económicos podrían sesgar los resultados. Asimismo, señaló que el Estado hondureño no ha tenido oportunidad de auditar ni validar los datos antes de su publicación, lo que, a su juicio, afecta la imagen del país a nivel internacional.

¿Qué cuestiona el Congreso?

El comunicado subraya que los datos que alimentan el Índice de Percepción de la Corrupción provienen de encuestas y opiniones de actores locales, lo que podría introducir subjetividad en las evaluaciones. Redondo puso como ejemplo el informe del World Justice Project, donde se menciona que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es una de las entidades que proporciona datos. Según el presidente del Congreso, esto demostraría que quienes alimentan estos índices han estado influenciados por intereses específicos.

Además, Redondo argumentó que organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), representante de Transparencia Internacional en Honduras, han perdido legitimidad debido a su presunta vinculación con decisiones políticas pasadas. Afirmó que estas organizaciones respaldaron gobiernos anteriores a pesar de graves denuncias de corrupción, como el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la compra fraudulenta de hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19.

Las acciones del Congreso contra la corrupción

En su defensa, el titular del Legislativo destacó que bajo su presidencia se han tomado medidas importantes para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Entre estas, mencionó la derogación de decretos como el 57-2020 y el 93-2021, que limitaban la capacidad del Ministerio Público para investigar delitos de corrupción y protegían a actores involucrados en lavado de activos. También recordó la eliminación de la Ley de Secretos y la derogación de fideicomisos considerados opacos.

Redondo cuestionó que, a pesar de estos esfuerzos, Honduras haya sido calificado peor en transparencia que en años anteriores, cuando existían múltiples escándalos de corrupción. “Hoy no hay un solo escándalo institucional orquestado desde la Presidencia de la República o del círculo más cercano de ministros”, afirmó.

El papel de la cooperación internacional

El presidente del Congreso también se refirió a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), afirmando que su influencia ha sido clave en el financiamiento de estas ONG. Citó declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien habría criticado a USAID por el mal manejo de fondos públicos. Según Redondo, la disminución de recursos internacionales hacia estas organizaciones representa un golpe significativo a su operación en Honduras.

¿Manipulación o transparencia?

La controversia sobre los índices de percepción de la corrupción no es nueva en la región. Diversos gobiernos latinoamericanos han cuestionado la metodología de Transparencia Internacional y otras organizaciones similares, argumentando que los resultados reflejan más un consenso mediático que una evaluación objetiva de la realidad. Sin embargo, organismos internacionales y expertos en transparencia sostienen que estos índices son herramientas esenciales para monitorear la gobernanza y exigir rendición de cuentas.

Con el debate en curso, el reto para Honduras será demostrar con hechos y datos verificables si las reformas impulsadas por el Congreso y el Ejecutivo han tenido un impacto real en la reducción de la corrupción. Mientras tanto, la percepción pública seguirá siendo un factor clave en la legitimidad de estas mediciones y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.